FESOCE-Federación Española de Sordoceguera

Ni la Junat, ni el Imserso, ni la ONCE disponen de una plaza de residencia para un sordociego, reconocido como gran dependiente, a quien atienden sus padres, ya ancianos.

José Luís Jiménez es sordo de nacimiento y alos 30 años comenzó a perder también la vista por una retinitis pigmentaria que le fue deteriorando la retina hasta que quedó ciego. Ahora tiene 47 años. Pesa más de 120 kilos, fuma más de tres paquetes de tabaco diarios, no sale de casa -es el único lugar en el que se maneja- y se pasa la práctica totalidad del dia tumbado en la cama.

José Luís, que no puede optar a una residencia adaptada, con su padre

Tiene reconocido un grado máximo de dependencia -grado3, nivel 2- y el derecho a una prestación económica de 663 euros que comenzará a precibir si es ingresado en una residencia o contrata un servicio de ayuda a domicilio.

Sus padres, Orencio y Remedios, de 76 y 75 años, respectivamente, insiten en que no pueden seguir ocupándose de él y piden que se le conceda una plaza de residencia. El problema es que no hay ningún centro público adaptado a sus necesidades, ni de la Junta de Castilla y León, ni del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales, del Ministerio de Sanidad y Política Social), ni de la ONCE, y se le ofrece la posibilidad de utilizar la ayuda de la dependencia para ingresar en una residencia privada que su familia asegura no puede costear.

"Está haciendo su vida malamente", afirma su padre. En una visita a la casa, en Pedro Rodríguez, puede comprobarse que José Luís vive prácticamente encerrado en una habitación de la vivienda, donde pasa las horas tumbado en la cama. Además de su obesidad, "fuma muchísimo, pero qué va a hacer", apunta Orencio, quien lamenta que no tienen forma de comunicarse con él.

No hay centros para su discapacidad
Quien le visita es un mediador de la ONCE dos días por semana, los martes y los jueves, durante dos horas, para tratar de que adquiera algunas habilidades y que pueda tener cierta autonomía. Ni la ONCE, ni el Imserso, ni la Junta disponen, sin embargo, de un centro adaptado a sus necesoidades. "Estamos desesperados, sobre todo porque ya vamos siendo mayores y no sabemos qué futuro le espera a nuestro hijo", manifiesta el padre. Otra de sus hijas también es sorda y comienza a perder la visión.

"Desde 2004 llevamos haciendo papeles, he ido mil veces a la Gerencia de Servicios Sociales, le han hecho miles de valoraciones y todo para nada", se queja, culpando a la Junta de darles largas. De hecho, la prestación de la Ley de Dependencia no se le reconoció hasta julio del año pasado.

Su última visita ha sido a un centro del Imserso en San Andrés de Rabanedo, en León. También se trasladaron hasta allí para que le hicieran una valoración, pero la respuesta que le han enviado por carta es que le deniegan la plaza por "no lograrse una mejora significativa en cuanto a su grado de autonomía, ni beneficiarse de los recursos de rehabilitación".

La solución que se les ofrece a acudir a un centro privado, para lo que se les concede una ayuda de 663 euros a través de la Ley de Dependencia -puede utilizarse también para contratar una ayuda a domicilio-, pero no lo está percibiendo porque no hay una residencia a la que pueda acudir. Les han informado de la próxima apertura de un centro privado en Sevilla paara sordociegos y el padre asegura que también lo han solicitado, pero que ya le han comunicado que serán "muy pocas plazas" y teme que también se quede fuera.

Institucionalizarle es la última opción

La Junta defiende, por su parte, que no se le puede ingresar en un centro para discapacitados, porque no tiene una discapacidad psíquica, ni tampoco en una residencia para mayores, porque el requisito es tener más de 65 años. Es decir, que está catalogado como un gran dependiente, pero no encaja en ningún perfil.

"Es un caso complicado, muy específico, porque pocas personas tienen esta situación", señala la gerente regional de Servicios Sociales, Milagros Marcos, quien destaca que "ya se le ha reconocido el derecho a esa prestación y la puede utilizar cuando quiera", y que está siendo atendido por un mediador de la ONCE para "adquirir habilidades" porque "hay sordociegos que pueden adaptarse". "Institucionalizarle es siempre la última opción", señala al respecto, o sea, que su tutela pasase a manos de la Junta.

Incluso en el caso de que los padres falecieran o no pudieran atenderle -tienen 76 y 75 años y es su principal temor-, explica que la tutela se le asignaría a la Junta o algún familiar y "no quedaría desprotegido", pero "él dispondría a la capacidad de decisión de decisión porque no tiene ninguna discapacidad intelectual", aunque si dificultades de comunicación.

Sostiene, al respeto, que "si se le ponen los apoyos necesarios podría continuar en su casa", con un seguimiento y ayuda a domicilio o teleasisténcia. "No es una persona incapacitada judicialmente, por lo que ni los padres ni la administración pueden decidir sobre él", asegura la gerente regional de Servicios Sociales.

Fuente: Avila Digital