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Recientemente se aprobaron, en el Parlamento Andaluz, 2 de los 3 puntos que conformaban la Propuesta No de Ley presentada por el PP, Francisco Armijo, coordinador del grupo de diputados de Jaén en el Parlamento de Andalucía se congratulaba de este hecho.
Esta propuesta no de ley insta al Consejo de Gobierno a solicitar al Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales para que realice un estudio que determine el número de personas con sordoceguera, sus condiciones de vida y su ubicación geográfica, para poder determinar los centros de referencia necesarios y el establecimiento de recursos más acordes con las necesidades especiales del colectivo. Otro punto aprobado es la solicitud al Ministerio de Educación, para que regule oficialmente la cuantificación profesional de Mediadores en Sordoceguera, de acuerdo a lo solicitado ante el INCUAL (Instituto Nacional de Cualificaciones). Ambas propuestas han sido aprobadas por unanimidad.
La propuesta rechazada de las 3 es la solicitud al Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales para que proceda a la revisión de los baremos dentro de la Ley de dependencia para que las personas sordociegas puedan contar con la ayuda del "asistente personal o mediador".
Armijo explicó que "son más de 320 los andaluces y sus familias afectados por la sordoceguera, una discapacidad que precisa de atención y recursos específicos por parte de las administraciones públicas". También señaló que "la aplicación de la legislación en materia de dependencia prevé paliar con carácter prioritario algunas de sus importantes necesidades y que no se escatime ninguna ayuda, en atención a la particular y grave minusvalía que padecen los afectados de sordocguera por lo que no se entiende porque no se hayan cumplido una de sus exigencias básicas que es el poner a su disposición en mediador personal".
En este sentido, denunció que el Ministerio no ha cumplido con los compromisos y obligaciones que se desprenden de la aplicación de la ley 27/2007, de 23 de Octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas y, más específicamente, su disposición 6ª, que recoge que el Ministerio de Trabajo ha de realizar un estudio en el que se determine el número de personas con sordoceguera, sus condiciones de vida y su ubicación geográfica para determinar los recursos necesarios para dar respuesta a sus necesidades, es decir un censo.
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